CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Dos altos funcionarios de un estado de México en el que fue asesinado un estudiante en un puesto de control policial renunciaron el jueves, luego de que dos policías fueran detenidos como presuntos implicados en la muerte del joven. La fuga de un tercer agente, supuesto responsable de los disparos, desató violentas protestas en los últimos días.
La Fiscalía General de México detuvo a los dos agentes —que no han sido identificados— en la ciudad de Chilpancingo, capital del estado sureño de Guerrero, indicó en un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Poco después, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, anunció la renuncia del secretario general de Gobierno, Ludwig Reynoso Núñez, quien ocupaba el segundo cargo más importante del estado, y del secretario de Seguridad estatal, general Rolando Solano Rivera, que había asumido el cargo hace menos de dos meses.
Salgado indicó que la salida de los dos altos funcionarios se dio para asegurar la transparencia de las investigaciones por la muerte del estudiante.
La gobernadora también informó que inició el proceso para remover de su cargo a la fiscal estatal, teniente coronel Sandra Luz Valdovinos. Sin embargo, horas después la fiscal estatal emitió un comunicado en el que rechazó dicha decisión, señaló que para su destitución se deben agotar los procedimientos legales, y anunció que hará valer su derecho de audiencia ante el Congreso para exponer las acciones que realizó la Fiscalía en el caso del estudiante.
Las autoridades continúan la búsqueda de un tercer policía estatal, el cual se fugó tras ser señalado como el presunto responsable del asesinato de un estudiante de 23 años de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que fue tiroteado la noche del 7 de marzo en un puesto de control policial y murió poco después en un hospital de Chilpancingo.
La muerte del joven desató protestas en Chilpancingo en los últimos días, en las cuales han resultado heridos varios elementos de la Guardia Nacional y varias patrullas policiales han sido incendiadas.
El caso ha reavivado la polémica en torno a las investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014 en Guerrero.
La semana pasada, un grupo de manifestantes protagonizó una protesta violenta en el Palacio Nacional, en el centro de la capital mexicana, donde derribaron una de las puertas de la antigua edificación para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador que atienda a los familiares de los jóvenes desaparecidos y se aceleren las investigaciones del caso Ayotzinapa.
Los padres de los estudiantes desaparecidos y sus abogados han recriminado a López Obrador los pocos avances en las investigaciones del caso Ayotzinapa, a pesar de que, al iniciar su sexenio en 2018, el mandatario se comprometió a que se localizaría a los jóvenes y se esclarecerían los hechos.
Casi nueve años y medio después del crimen no está claro el móvil ni el destino de los estudiantes, aunque se encontraron restos calcinados de tres de los jóvenes y se presume que todos fueron asesinados por miembros de un cártel local, el cual traficaba heroína y habriá actuado en colusión con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales, incluidos militares.
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