LONDRES (AP) — El príncipe Enrique no fue despojado de forma incorrecta de la escolta financiada por las arcas públicas para sus visitas a Reino Unido después de que renunciara a su posición como miembro activo de la familia real y se trasladara a Estados Unidos, según concluyó el miércoles un juez de Londres.
La decisión de que proporcionar seguridad a Enrique se valorara caso a caso no era ilegal, irracional ni injustificada, indicó el juez Peter Lane en el Alto Tribunal.
El duque de Sussex afirmó que su familia y él se habían visto en peligro durante sus visitas al país debido a la hostilidad contra él y su esposa en redes sociales y a la persecución constante de los medios.
Su abogado alegó que el equipo del gobierno que evaluó las necesidades de seguridad de Enrique actuó de forma irracional y no siguió sus propios protocolos, que habrían requerido un análisis de riesgo sobre la seguridad del duque.
Por su parte, un abogado del gobierno dijo que Enrique recibió un trato justo y aún recibía protección en algunas visitas. Por ejemplo, una escolta le acompañó en junio de 2021 cuando fue perseguido por fotógrafos tras asistir a un acto con niños con enfermedades graves en los jardines Kew del oeste de Londres.
El comité que tomó la decisión de rechazar su solicitud de seguridad tuvo en cuenta el impacto más general que tuvo en la nación la “trágica muerte” de su madre, la fallecida princesa Diana, y al tomar su decisión dio más peso al “probable malestar público significativo si hubiera un ataque exitoso” contra su hijo, indicó el abogado James Eadie.
Harry, de 39 años, es el hijo menor del rey Carlos III y ha roto con la tradición de la familia real al acudir a los tribunales para desafiar tanto al gobierno como a los tabloides en sus esfuerzos de que los editores asuman responsabilidades por perseguirle durante toda su vida.
La demanda era uno de los seis casos que Enrique ha planteado al Alto Tribunal. Tres estaban relacionados con sus despliegues de seguridad y tres se presentaron contra editoriales de tabloides acusados de hackear celulares y utilizar investigadores privados para buscar historias noticiosas sobre su vida.
En el primer caso que llegó a juicio, Enrique logró una gran victoria el año pasado contra la empresa editora del Daily Mirror por acusaciones de acceso ilícito a teléfonos, lo que le valió un veredicto y finalmente un acuerdo sobre otras acusaciones pendientes de juicio. Aunque los términos del acuerdo no se hicieron públicos, la compañía debía reembolsarle todos sus gastos legales y estaba previsto que recibiera un pago provisional de 400.000 libras (505.000 dólares).
Hace poco retiró un caso por difamación contra el Daily Mail por un artículo sobre que Enrique intentó ocultar sus esfuerzos de seguir recibiendo seguridad financiada por el estado. Enrique retiró el caso cuando un juez determinó que era más probable que perdiera en un juicio porque la compañía editora podría mostrar que los documentos emitidos en su nombre eran engañosos y que un artículo de febrero de 2022 reflejaba una “opinión sincera” y no era difamatorio.
Enrique no logró convencer a otro juez el año pasado de que debería poder pagar de forma particular para que la policía de Londres le protegiera cuando visitara la ciudad. Un juez rechazó esa oferta después de que un abogado del gobierno alegara que los agentes no debían utilizarse como “guardaespaldas privados de los ricos”.
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